Bogotá, Colombia – Una reforma histórica aprobada por el Congreso de Colombia busca garantizar el derecho a una alimentación digna, saludable y sostenible como un derecho fundamental. Este cambio, liderado por el senador Eduard Sarmiento del Pacto Histórico, modifica el artículo 65 de la Constitución Política y tiene como objetivo combatir el hambre y la malnutrición en el país.
¿Qué implica esta reforma?
La reforma establece tres pilares clave:
- Acceso a alimentos saludables: Asegura que todas las personas puedan disfrutar de una alimentación nutritiva y segura.
- Soberanía alimentaria: Prioriza la producción local y la seguridad alimentaria en el país.
- Respeto a la diversidad cultural: Protege las tradiciones y costumbres alimentarias de las comunidades colombianas.
Además, el texto promueve el desarrollo sostenible de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y agroecológicas, así como la mejora en la infraestructura logística para garantizar el acceso a los alimentos.
Próximos pasos y desafíos
El Congreso tiene ahora un plazo de seis meses para presentar un proyecto de ley estatutaria que reglamente la reforma y defina los mecanismos específicos para garantizar este derecho. La normativa también incluirá medidas para reducir el desperdicio de alimentos en las distintas regiones del país.
El senador Sarmiento destacó la importancia de esta reforma al señalar que “ningún colombiano debería morir de hambre”. La propuesta también se alinea con los avances recientes del Gobierno, como la reducción de la inseguridad alimentaria en 2,5 millones de personas durante 2023.
Un cambio hacia la sostenibilidad y la justicia social
Con esta enmienda, Colombia se une a la lista de países que reconocen la alimentación adecuada como un derecho fundamental. El reto ahora será garantizar la implementación efectiva de estas políticas, especialmente en un contexto marcado por desigualdades y problemas estructurales en el sector agrícola.
La aprobación de esta reforma abre la puerta a un futuro donde el hambre y la malnutrición sean erradicados, promoviendo un desarrollo más inclusivo y sostenible en el país.
