Colombia ha caído en la trampa de un modelo económico donde las grandes empresas disfrutan de concesiones millonarias mientras que el peso de las leyes y las multas recae sobre los más vulnerables. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia es el caso de las concesiones de agua que, de manera inquietante, favorecen a multinacionales como Coca-Cola y otras grandes corporaciones. Mientras tanto, las comunidades más pobres luchan por sobrevivir en un entorno donde las sanciones por el uso del recurso hídrico parecen diseñadas más para empobrecer a los sectores más humildes que para proteger los recursos naturales.
Es un hecho que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, y en Colombia, donde la distribución de este recurso es tan desigual, este principio parece ser una formalidad más que una realidad. Las grandes multinacionales, como Coca-Cola, tienen concesiones para utilizar fuentes de agua de manera prácticamente gratuita o a precios irrisorios, lo que les permite no solo abastecer a su industria, sino también generar ganancias multimillonarias con un recurso que debería ser de acceso público.
La situación se agrava cuando miramos cómo estas concesiones a grandes empresas afectan directamente a las comunidades rurales y urbanas más desfavorecidas. Mientras las grandes corporaciones pueden pagar poco o nada por el uso del agua, las pequeñas comunidades enfrentan tarifas elevadas, escasez de agua potable y, en algunos casos, sanciones severas por el mal uso del recurso. En Colombia, es común que las personas que se ven obligadas a hacer uso de fuentes de agua no autorizadas o no tengan acceso directo a las redes públicas sean multadas con cantidades que representan una carga económica insostenible.
El sistema parece estar diseñado para perpetuar la desigualdad. Las grandes corporaciones, con sus equipos de abogados y recursos ilimitados, tienen la capacidad de negociar contratos favorables que les permiten extraer agua a precios bajos, mientras que los ciudadanos comunes no tienen más opción que acatar las regulaciones, muchas veces injustas, y pagar por el agua a tarifas elevadas. Esto no solo afecta a las familias, sino que también limita el desarrollo económico de muchas regiones del país.
El fenómeno no es exclusivo de Colombia. En muchos otros países, los acuerdos de concesión de recursos naturales han sido objeto de controversia. En México, por ejemplo, el gobierno permitió que empresas como Coca-Cola extrajeran grandes cantidades de agua de comunidades rurales mientras las personas de esas mismas zonas sufrían de desabastecimiento. En la India, la situación es similar, con empresas de bebidas refrescantes que explotan los acuíferos a precios bajos, lo que genera un gran conflicto con las comunidades locales que dependen de estos recursos para su supervivencia.
El panorama global refleja una tendencia preocupante en la que los derechos de las empresas están por encima de los derechos de las personas. La privatización del agua y su concesión a grandes corporaciones no solo amenaza la sostenibilidad ambiental, sino también la equidad social. Los más vulnerables, que no tienen acceso a servicios básicos adecuados, deben enfrentarse a precios altos y condiciones insostenibles mientras las grandes empresas continúan beneficiándose de un recurso vital a un costo ínfimo.
Es urgente replantear las políticas de concesión de recursos naturales y los derechos de uso del agua en Colombia. El Estado debe garantizar que las concesiones no se otorguen de manera desigual, favoreciendo a las empresas multinacionales sobre las comunidades locales. La gestión del agua debe ser una prioridad para el gobierno, pero sobre todo debe ser una cuestión de justicia social. Las leyes deben estar diseñadas para proteger a las personas y al medio ambiente, no para favorecer a los intereses empresariales.
El reto es grande, pero la solución es clara: poner freno a los abusos de las megaempresas y garantizar que los recursos naturales sean utilizados de manera responsable y equitativa. En lugar de seguir perpetuando un sistema que premia a las grandes corporaciones con concesiones millonarias, Colombia debería apostar por un modelo que promueva la justicia social y el acceso universal al agua.
Fotografía: Cottonbro Studio
