Bogotá D.C., Noviembre 12 de 2024
Por: Diego Castillo
Fotografía de Charlein Gracia en Unsplash
En un país que se jacta de su historia y su cultura, donde la familia es considerada uno de los pilares más importantes, resulta incomprensible que los derechos de la niñez sigan siendo sistemáticamente vulnerados. La Procuraduría General de la Nación ha hecho un llamado urgente ante el alarmante aumento de casos de maltrato infantil, feminicidios y transfeminicidios en el país. La violencia, ya sea en la familia, en las calles o a través de plataformas digitales, sigue acechando a los más vulnerables, mientras los responsables disfrutan de una impunidad que parece no tener fin.
Entre enero y abril de 2024, las cifras de maltrato infantil y violencia de género alcanzaron cifras estremecedoras. En ese periodo, se registraron 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes, con 11 de ellos pertenecientes a la primera infancia. Además, más de 11,000 casos de violencia fueron reportados, de los cuales un alarmante número de ellos se relacionaron con delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal. Las ciudades más afectadas fueron Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla.
La realidad de la niñez en Colombia es desgarradora. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha reportado más de 11,000 registros de niños y adolescentes ingresados al sistema de protección, siendo la negligencia, la violencia sexual y la falta de responsables los motivos más comunes. Sin embargo, a pesar de estas alarmantes cifras, las acciones del gobierno y las autoridades parecen no estar a la altura de la tragedia.
En el ámbito de la violencia por razones de género y sexo, las cifras tampoco son menos alarmantes. En el primer semestre de 2024, se han registrado 121 feminicidios y 8 transfeminicidios, lo que refleja una intolerable violencia contra las mujeres y las personas transgénero. La Procuraduría General de la Nación ha insistido en la necesidad de tratar la violencia intrafamiliar como un delito grave y ha exigido una mayor atención y un enfoque diferencial y de género en los procesos penales. Sin embargo, la realidad es que la violencia sigue siendo un fenómeno sistemático, especialmente en un país donde la cultura machista y patriarcal persiste en muchos sectores de la sociedad.
Lo más preocupante es que, a pesar de las alarmantes cifras, los esfuerzos de prevención y protección han sido sistemáticamente ignorados. Colectivos como Guardianes de la Niñez, que luchan por la protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia, han visto cómo sus solicitudes y proyectos han sido desestimados por las autoridades gubernamentales. Alcaldías, gobernaciones y ministerios han respondido negativamente a sus peticiones de apoyo. Peor aún, cuando se programan reuniones para escuchar sus demandas, las citas son canceladas a última hora, con excusas como ” hay temas más urgentes en la agenda”. Pero, ¿Qué puede ser más urgente que garantizar la seguridad y los derechos de la niñez en un país donde la Constitución establece que los derechos del niño priman sobre los de los demás?
La negligencia de las autoridades no termina ahí. Muchas denuncias de maltrato infantil se pierden en los archivos, no se priorizan ni se investigan a fondo. Pedófilos, pederastas y explotadores sexuales continúan en libertad, mientras que las víctimas, aquellos niños y niñas que deberían recibir protección, quedan desamparados. La falta de regulación sobre el uso de redes sociales por parte de menores también ha abierto la puerta a un aumento de los delitos cibernéticos que afectan a los niños. Las redes sociales, que deberían ser un espacio para el crecimiento y la socialización, se han convertido en un terreno fértil para el acoso, la explotación y el abuso sexual.
Y como si fuera poco, el caso de los reguetoneros que recientemente lanzaron la canción “Más 57” ha sumado un nuevo nivel de indignación. Esta canción, que hace apología de la violencia, la misoginia y el abuso, ha generado controversia por la forma en que normaliza actitudes peligrosas hacia las mujeres y la niñez. La respuesta de las autoridades ante este fenómeno ha sido tibia, y la industria musical parece no asumir ninguna responsabilidad sobre el impacto que sus contenidos pueden tener en una sociedad tan vulnerable.
Es evidente que Colombia necesita un cambio radical en su enfoque hacia la protección de la niñez y la erradicación de la violencia de género. Las autoridades no pueden seguir ignorando las peticiones de los colectivos, ni continuar con una política de indiferencia ante las denuncias. Es necesario que los responsables de estos crímenes sean procesados con todo el rigor de la ley y que las víctimas reciban el apoyo que tanto necesitan. La sociedad colombiana no puede seguir permitiendo que la violencia sea parte del paisaje cotidiano.
El futuro de Colombia está en manos de sus niños, y si no actuamos con urgencia, corremos el riesgo de perderlos. El país debe preguntarse: ¿Cómo se puede construir un futuro cuando no se está protegiendo a quienes son el presente? Foto de Charlein Gracia en Unsplash