En un país como Colombia, donde la corrupción y la desconfianza en las instituciones públicas han marcado la agenda durante décadas, las veedurías ciudadanas emergen como herramientas indispensables para fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Aunque estas iniciativas no siempre reciben la atención que merecen, su impacto en la lucha contra las malas prácticas administrativas y su capacidad para empoderar a las comunidades son innegables.
Las veedurías ciudadanas son grupos organizados de personas que vigilan la ejecución de proyectos y programas financiados con recursos públicos. Estas no solo tienen el propósito de denunciar irregularidades, sino también de fomentar una cultura de participación activa y responsable en los asuntos públicos. En esencia, son una manifestación del derecho ciudadano a participar en el control de los asuntos que les afectan directamente.
En Colombia, la Ley 850 de 2003 define y regula las veedurías, pero su aplicación enfrenta múltiples desafíos. Uno de ellos es la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía acerca de su existencia y potencial. Muchas personas desconocen que tienen derecho a conformar o participar en veedurías, y quienes lo intentan a menudo se enfrentan a trabas burocráticas o incluso a intimidaciones por parte de aquellos que se sienten amenazados por la vigilancia.
A pesar de estas dificultades, los casos de éxito hablan por sí solos. En pequeñas comunidades rurales, las veedurías han evitado que recursos destinados a escuelas, hospitales o vías sean desviados a otros fines. En ciudades más grandes, han servido para poner bajo la lupa licitaciones públicas que podrían favorecer a contratistas con intereses cuestionables. La vigilancia ciudadana, por lo tanto, no es solo una forma de combatir la corrupción, sino también una herramienta para construir confianza entre el Estado y la población.
No obstante, para que las veedurías realmente cumplan su propósito, es fundamental superar algunos retos estructurales. Primero, se requiere una mayor capacitación y formación para los ciudadanos que deseen participar. No basta con buena voluntad; es necesario entender los procesos administrativos, los marcos legales y las herramientas de control. Segundo, se necesita mayor respaldo institucional. Aunque las veedurías son independientes, el Estado debería promoverlas activamente, brindando garantías de seguridad y facilitando el acceso a la información pública.
Por último, es importante promover una cultura de la transparencia desde la educación básica. Los niños y jóvenes deben crecer con la idea de que vigilar el uso de los recursos públicos no es un acto de desconfianza, sino una expresión de responsabilidad ciudadana.
En un país donde cada peso mal administrado podría haber significado un aula más construida, un puesto de salud abierto o una carretera en buen estado, las veedurías ciudadanas son mucho más que un mecanismo técnico: son una forma de ejercer el poder ciudadano. Y si Colombia aspira a construir un futuro más justo, participativo y honesto, no puede darse el lujo de subestimar su importancia.
