Junio 13 de 2023
Redacción: Disruptiva
Fotografía: @lamprea_adair en Twitter
En diversas ciudades y municipios de Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, Tunja, Medellín, Girardot, así como en el extranjero con el apoyo de colombianos residentes en París, se llevaron a cabo masivas marchas y plantones frente a las sedes de la Fiscalía General de la Nación. Los ciudadanos se unieron en un llamado unánime exigiendo la renuncia del fiscal general Francisco Barbosa, quien ha sido objeto de críticas por su gestión y la falta de efectividad en las investigaciones judiciales.
Las manifestaciones pacíficas, que también encontraron eco en las redes sociales con el hashtag #BarbosaRenuncie, se destacaron por su carácter inclusivo y la participación de presentaciones culturales. Mientras los manifestantes exigían a viva voz la renuncia del fiscal Barbosa, también se denunciaron una serie de preocupaciones y acusaciones relacionadas con su desempeño.
Entre las principales causas de descontento, se señaló que el fiscal Barbosa no ha investigado de manera adecuada los delitos de lesa humanidad, incluyendo los desaparecidos durante el estallido social y los casos de falsos positivos. Además, se le acusó de no haber investigado la corrupción relacionada con el escándalo de Odebrecht y de mostrar falta de avance en la investigación contra el político Álvaro Uribe. También se cuestionó su actuación durante el paro nacional de 2021, donde se acusó a jóvenes y estudiantes de terrorismo. Adicional a estas preocupaciones, se suma la presentación de una denuncia formal por parte de los congresistas del Pacto Histórico en contra del fiscal general Francisco Barbosa. Lo acusan de incitar a la desobediencia y la insubordinación dentro de las fuerzas de Policía, lo cual podría constituir delitos contemplados en el Código Penal Militar. Esta denuncia se basa en las declaraciones públicas del fiscal Barbosa en las que instaba a los directores de la Policía y la Dijin a no cumplir órdenes superiores.
Uno de los aspectos más preocupantes es la obstaculización del fiscal Barbosa en las gestiones correspondientes a la paz total en Colombia. En el parlamento británico, la diputada Kate Osborne, del Partido Laborista del Reino Unido, denunció las acciones del fiscal general Francisco Barbosa, afirmando que está dañando la política de paz del presidente Gustavo Petro al bloquear el levantamiento de órdenes de arresto que podrían permitir que algunos líderes se sienten a la mesa de negociación. Osborne también preguntó qué tipo de asistencia técnica y financiera el gobierno británico puede proporcionar para garantizar que todas las instituciones de Colombia respalden la paz.
La preocupación internacional por la gestión del fiscal general se suma a la creciente indignación en el ámbito nacional, donde se exige una respuesta contundente y efectiva frente a las investigaciones judiciales y el respeto a los derechos humanos. Los manifestantes y los críticos del fiscal Barbosa argumentan que su actuación afecta la confianza en las instituciones y obstaculiza el camino hacia una paz duradera en Colombia.
Además de las preocupaciones por la mala gestión del fiscal general y su falta de efectividad en las investigaciones judiciales, se ha informado de una situación alarmante durante las manifestaciones en Bogotá. Personal de la fiscalía presente en la ciudad capturó imágenes de los manifestantes utilizando cámaras, celulares e incluso un dron, lo que ha generado sospechas de un posible caso de perfilamiento por parte de esta entidad.
A través de las redes sociales, los manifestantes han compartido estas fotografías y han expresado su preocupación de que la fiscalía esté llevando a cabo un monitoreo y una recopilación de información personal sin una justificación clara. Este presunto perfilamiento ha generado una mayor indignación y ha exacerbado la desconfianza hacia la institución encargada de administrar justicia.
La captura de imágenes de los manifestantes durante una protesta pacífica plantea serias interrogantes sobre el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta situación refuerza las demandas de una fiscalía transparente, imparcial y respetuosa de los derechos humanos, y enfatiza la necesidad de investigar y abordar cualquier abuso o violación de los derechos individuales que se haya cometido durante estas manifestaciones.
A medida que las manifestaciones continúan y la presión aumenta, queda por ver cuál será la respuesta del fiscal general y si se tomarán medidas para abordar las preocupaciones planteadas por los ciudadanos y la comunidad internacional. La renuncia de Francisco Barbosa se ha convertido en una demanda unificada y urgente, respaldada por una amplia gama de sectores de la sociedad colombiana que buscan una fiscalía justa, efectiva y comprometida con la verdad, la justicia y los derechos humanos. El futuro de la Fiscalía General de la Nación está en juego y la ciudadanía espera respuestas concretas y acciones contundentes para restaurar la confianza en esta importante institución.
