El general retirado Mario Montoya Uribe se convierte en el primer oficial de alto rango en ser remitido a la fiscalía por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su negativa a reconocer responsabilidad en 118 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.
La JEP decidió trasladar el expediente de Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) luego de que el excomandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, con sede en Medellín, no admitiera su participación en crímenes cometidos entre 2002 y 2003. Estos hechos implican la presentación de civiles asesinados como bajas en combate para engrosar resultados operacionales.
La JEP sustentó la decisión en testimonios de 64 integrantes de la fuerza pública, 12 informes de entidades estatales y organizaciones de derechos humanos. Según el tribunal, Montoya promovía una política de facto centrada en el conteo de cuerpos, despreciando capturas como resultados válidos. Testimonios también indicaron que el general presionaba severamente a sus subordinados, generando un ambiente que facilitó las ejecuciones extrajudiciales.
En uno de los informes, la magistrada Catalina Díaz señaló que Montoya presentó públicamente a víctimas civiles como guerrilleros abatidos en combate, ocultando su verdadera identidad. Además, se encontró evidencia de que este enfoque no solo fomentó los crímenes, sino que buscó encubrirlos sistemáticamente. Este patrón refleja un intento de consolidar una visión falsa de éxito militar, mientras se vulneraban los derechos fundamentales de las víctimas.
De ser hallado culpable, Montoya podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Aunque su defensa insiste en su inocencia, argumentando que sus órdenes no estaban relacionadas con las bajas de inocentes, la JEP mantuvo la imputación. Actualmente, Montoya es uno de los nueve exmilitares imputados por crímenes de guerra en el subcaso Antioquia.
El caso Montoya marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de los ‘falsos positivos’, reflejando los retos y avances en el proceso de verdad y reconciliación que lidera la JEP. Su resolución podría sentar precedentes cruciales en la lucha contra la impunidad en Colombia. Además, destaca la necesidad de revisar profundamente las estructuras jerárquicas y operativas que facilitaron estos crímenes para evitar su repetición.
Fotografía: Fotógrafo José Saez tomada en el año 2008
