Redacción: Disruptiva Radio
Fuente: Progressive.International
Desde la elección del primer gobierno progresista encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el Pacto Histórico en el Congreso, se ha desatado una lucha de poder en Colombia. Los poderes tradicionales del país, preocupados por las reformas propuestas por el gobierno, han estado organizándose para detener su avance.
En menos de un año de gobierno, los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial han desplegado su poder institucional para frenar las reformas del presidente Petro. La Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, lideradas por Margarita Cabello y Francisco Barbosa respectivamente, han emprendido acciones legales contra representantes del Pacto Histórico, lo que podría llevar a la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas y líderes del movimiento.
El senador Wilson Arias, por ejemplo, está siendo objeto de un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General, liderada por Cabello, debido a sus pronunciamientos contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021. Esta acción va en contra del precedente legal establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe a los órganos administrativos destituir a funcionarios electos.
Además, generales, coroneles en retiro y reservistas de las fuerzas militares colombianas han manifestado abiertamente su oposición al presidente Petro, llegando incluso a marchar frente al Congreso para pedir un golpe de Estado contra su gobierno.
El objetivo de esta campaña coordinada por los poderes tradicionales de Colombia es claro: proteger sus intereses frente a las reformas propuestas por el gobierno, las cuales buscan mejorar las condiciones salariales, el sistema de salud, proteger el medio ambiente y lograr la paz total en el país.
En respuesta a estas tácticas, 400 líderes políticos y sindicales han manifestado su apoyo al presidente Petro. En una declaración conjunta, llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas acciones y evitar que se consolide un golpe blando en Colombia.
Es importante que la comunidad internacional esté alerta y tome medidas para garantizar la estabilidad democrática en el país. La defensa de los valores democráticos, la justicia social y la protección de los derechos humanos son fundamentales para construir un futuro mejor para Colombia.
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