Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024
Redacción: Disruptiva
— En un contundente paso para proteger los recursos del sistema de salud colombiano, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendió giros por más de 70 mil millones de pesos a 52 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que no contaban con infraestructura física al momento de realizarse auditorías.
El director de ADRES, Félix León Martínez Martín, señaló que la decisión fue tomada como parte de una serie de medidas administrativas que buscan asegurar la transparencia y el correcto manejo de los recursos del sistema de salud. Las auditorías, contratadas por ADRES desde 2023, revelaron que las direcciones registradas por las IPS en cuestión no correspondían a instalaciones operativas. “La entidad tiene la responsabilidad de preservar el buen manejo de los recursos del sistema de salud”, declaró Martínez, resaltando que las auditorías son una herramienta clave para evitar irregularidades en la facturación y el pago por servicios prestados.
Auditorías y hallazgos preocupantes
El proceso de revisión y control, llevado a cabo por tres firmas auditoras externas, se centró en verificar la legitimidad de las reclamaciones presentadas por las IPS por servicios de salud y gastos derivados de accidentes de tránsito, especialmente aquellos causados por vehículos sin SOAT o no identificados. Durante las visitas a las direcciones proporcionadas por estas instituciones, los auditores no encontraron la infraestructura física mínima para operar, lo que generó sospechas sobre su existencia real.
Suspensión de giros y notificación a las EPS
Ante estos hallazgos, ADRES procedió a suspender los pagos directos a las 52 IPS involucradas, notificando de inmediato a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que estas instituciones no sean incluidas en la programación mensual de pagos. Las IPS afectadas tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de reposición y demostrar su existencia real. En caso contrario, los resultados de la auditoría serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles delitos relacionados con la malversación de fondos del sistema de salud.
Impacto regional
Las instituciones cuestionadas operan principalmente en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, La Guajira y Sucre, lo que ha generado preocupación sobre el alcance de posibles irregularidades en la prestación de servicios de salud en estas regiones. Aunque aún no se ha confirmado el total de IPS que podrían estar en la misma situación, ADRES continúa con el proceso de verificación para asegurar la legalidad de los pagos.
Este caso resalta la importancia de un control riguroso en el sistema de salud y subraya la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar el desvío de recursos que deberían destinarse a la atención de los ciudadanos.
