Bogotá, Colombia. Junio 27 de 2023.
Redacción: Diego Castillo
Fotografía: Raúl Ruiz Paredes
En medio de un acalorado debate, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ha presentado una ponencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional en la que propone la derogación de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de paz total. Esta legislación, considerada uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro, ha generado controversia debido a supuestos problemas de forma y falta de un debate informado en su aprobación. El magistrado Ibáñez sostiene que la ley no fue estudiada de fondo durante el proceso legislativo y que su aplicación puede tener desventajas significativas. En este artículo, se examinarán los aspectos clave de este debate y se presentarán argumentos sólidos tanto a favor como en contra de la Ley 2272.
Argumentos en contra de la Ley 2272:
Los críticos de la Ley 2272 plantean diversas preocupaciones con relación a su constitucionalidad y a las implicaciones que podría tener en el proceso de paz. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de permitir que desertores del Acuerdo de Paz de La Habana, como Iván Márquez, puedan beneficiarse de la justicia transicional. Se argumenta que esto contradice el artículo 66 transitorio de la Constitución, el cual establece limitaciones para aquellos que abandonaron el acuerdo de paz. Permitir que estos individuos participen nuevamente en negociaciones de paz podría generar un precedente problemático y socavar la confianza en el proceso.
Además, se señala que la ley no garantiza adecuadamente los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los principios constitucionales de verdad, justicia y reparación. La ley otorga beneficios penales a miembros de grupos armados ilegales sin un equilibrio suficiente en términos de protección a las víctimas y prevención de la repetición de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esto podría generar una sensación de impunidad y afectar la reconciliación y la construcción de una paz duradera.
Argumentos a favor de la Ley 2272:
Es importante considerar los posibles efectos negativos que podrían surgir de la derogación completa de la Ley 2272. Si bien es cierto que pueden existir vicios de forma y problemas en su proceso de aprobación, esto no implica necesariamente que deba ser descartada en su totalidad. En lugar de buscar su derogación, sería más beneficioso promover un consenso y realizar las modificaciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas.
Una de las principales desventajas de derogar la ley sin establecer una alternativa viable es el riesgo de volver a un escenario de incertidumbre y confrontación. La ley fue diseñada con el objetivo de promover la paz y la reconciliación, y su derogación podría generar un vacío legal que dificulte la implementación de medidas efectivas para abordar los desafíos del posconflicto.
Además, la derogación de la ley podría afectar los avances logrados hasta el momento en el proceso de paz. Se podrían poner en riesgo los acuerdos alcanzados con grupos armados y desmovilizados, lo cual podría generar desconfianza y desestabilizar la situación en las regiones donde se ha logrado cierta estabilidad.
Otro aspecto a considerar es el impacto en las víctimas del conflicto. La Ley 2272 contempla mecanismos de justicia transicional y garantías para la reparación de las víctimas. La derogación de la ley podría debilitar estos mecanismos y dificultar la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado.
En este sentido, es fundamental buscar un equilibrio entre corregir los vicios de forma y garantizar que las disposiciones de la ley estén en consonancia con los principios constitucionales y los derechos humanos. Esto puede lograrse a través de un proceso de diálogo y consulta amplia con todos los actores involucrados, incluyendo expertos, organizaciones de derechos humanos, víctimas y representantes de la sociedad civil.
Por otro lado, los defensores de la Ley 2272 resaltan su importancia para avanzar en el proceso de paz y lograr una paz total en el país. Argumentan que la ley busca abrir espacios para la negociación con grupos armados organizados al margen de la ley, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios establecidos en la legislación. Esta apertura a la negociación podría permitir la reincorporación de exmiembros de grupos armados ilegales que hayan contribuido al desmantelamiento de dichas estructuras.
Además, se argumenta que la Ley 2272 busca adaptarse a las realidades cambiantes del conflicto armado en Colombia, reconociendo la existencia de grupos armados organizados de alto impacto que continúan perpetrando conductas punibles. La ley permitiría afrontar de manera más efectiva estos desafíos y buscar soluciones políticas a través de la negociación, en lugar de simplemente recurrir a la vía militar.
Implicaciones y consecuencias:
La derogación de la Ley 2272 tendría implicaciones significativas en diversos aspectos políticos, sociales y de seguridad en el país. A continuación, se explorarán algunas de estas implicaciones:
- Retroceso en el proceso de paz: La Ley 2272 fue concebida como un mecanismo para avanzar hacia una paz total en Colombia, brindando la oportunidad de negociación a grupos armados organizados al margen de la ley. Su derogación podría interpretarse como un retroceso en los esfuerzos de reconciliación y construcción de paz, generando incertidumbre y desconfianza en las negociaciones en curso.
- Fortalecimiento de grupos armados ilegales: Permitir que la ley sea derogada podría beneficiar a grupos armados ilegales que continúan ejerciendo control territorial y perpetrando actos delictivos. La apertura a la negociación y desmovilización de estos grupos ha sido uno de los pilares del proceso de paz, y su eliminación podría debilitar los avances logrados hasta ahora.
- Repercusiones en la seguridad y el orden público: La Ley 2272 está orientada a la seguridad y el orden público, buscando desmantelar estructuras criminales y garantizar la protección de la población. La derogación de la ley podría afectar la capacidad del Estado para hacer frente a estas amenazas y mantener la estabilidad en ciertas zonas del país.
- Impacto en las víctimas y la justicia transicional: La ley ha generado críticas en relación a la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de justicia y reparación. Sin embargo, su derogación podría generar un vacío legal en cuanto a la justicia transicional y la atención a las víctimas, dejando en el limbo sus derechos y necesidades.
- Polarización política: El debate en torno a la Ley 2272 refleja las divisiones políticas y sociales existentes en el país. La derogación de la ley podría profundizar estas divisiones y generar tensiones entre diferentes sectores de la sociedad colombiana, dificultando la búsqueda de consensos y la construcción de una paz inclusiva.
Perspectivas y desarrollos futuros:
El análisis crítico de la Ley 2272 y sus implicaciones revela la complejidad y sensibilidad del tema. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de avanzar en el proceso de paz y garantizar el respeto por los derechos de las víctimas y la justicia. Las decisiones que se tomen respecto a la ley deberán considerar cuidadosamente estas consideraciones y buscar soluciones que promuevan la reconciliación y la paz sostenible en Colombia.
El resultado del debate en la Corte Constitucional y las acciones que se tomen en respuesta a la ponencia del magistrado Ibáñez tendrán un impacto significativo en el futuro del proceso de paz en el país. Es necesario que las decisiones se basen en un análisis exhaustivo, en el respeto por los principios constitucionales y en la búsqueda de una paz justa y duradera.
En última instancia, este debate invita a la reflexión y al diálogo constructivo entre todos los actores involucrados. La paz en Colombia es un objetivo compartido, y es fundamental encontrar soluciones que permitan superar las divisiones y construir un futuro en el que la violencia y el conflicto armado sean superados definitivamente. Para lograrlo, es necesario que las decisiones y acciones se enfoquen en promover la reconciliación, la justicia, la inclusión y el respeto por los derechos humanos.
Además, es importante que se establezcan mecanismos de participación ciudadana y diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, especialmente con las comunidades afectadas por el conflicto. Esto permitirá tener en cuenta sus perspectivas y necesidades, fortaleciendo así la legitimidad y efectividad de las políticas y acciones implementadas.
Asimismo, se debe poner énfasis en la construcción de instituciones sólidas y transparentes, que promuevan la rendición de cuentas y combatan la impunidad. Esto contribuirá a generar confianza en el proceso de paz y en las acciones del Estado para garantizar la seguridad y protección de la población.
En cuanto a la ley en cuestión, es fundamental que se realice un análisis profundo y riguroso de sus disposiciones, considerando tanto sus fortalezas como sus debilidades. Si se identifican vicios de forma o problemas de fondo, es necesario corregirlos para asegurar que la normativa cumpla con los estándares constitucionales y sea efectiva en la promoción de la paz y la seguridad.
En conclusión, el análisis crítico de la ponencia del magistrado Ibáñez y la posible derogación de la Ley 2272 plantean desafíos y dilemas complejos. Es esencial que se promueva un debate informado y reflexivo, en el que se consideren todas las perspectivas y se busquen soluciones que contribuyan a la consolidación de la paz en Colombia. La superación del conflicto armado es un objetivo común y compartido, y requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad en la construcción de un futuro más seguro, inclusivo y justo. En lugar de una derogación completa, se debería buscar un consenso y realizar las modificaciones necesarias para abordar los vicios de forma y los problemas detectados en la ley. Si bien es importante atender estas preocupaciones, también debemos tener en cuenta los avances logrados y los posibles efectos negativos que podrían surgir de su derogación. La paz y la reconciliación en Colombia requieren de una legislación sólida y efectiva, que garantice los derechos de las víctimas y promueva la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
