Bogotá, agosto 18 de 2023
Por: Diego Castillo
Fotografía:Einar Storsul
En un país donde la lucha por la justicia y la transformación social es una tarea riesgosa, el reciente episodio de amenazas contra Nevys Niño, Gerente Regional Norte de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Caribe (SAE), es un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan los líderes y lideresas en Colombia. Niño, quien se encarga de recuperar tierras para entregárselas a las familias campesinas en la región, ha sido amenazada de muerte por mafiosos que buscan silenciar su labor.
La solidaridad se ha alzado en respuesta a estas amenazas, con mensajes de apoyo y condena provenientes de diversas partes del mundo. Entre aquellos que alzan su voz para respaldar a Niño y a sus colegas se encuentra el Presidente Gustavo Petro, cuyo llamado a recuperar los bienes para beneficiar a la economía popular y la transformación productiva del país ha sido el motor detrás de esta peligrosa labor.
El peligro que enfrentan los líderes y lideresas en Colombia no es un fenómeno aislado. En muchas regiones del país, aquellos que luchan por la justicia social, la protección de los derechos humanos y la transformación positiva de la sociedad, se enfrentan a amenazas constantes de muerte. La UNP (Unidad Nacional de Protección) ha sido testigo de la crueldad de esta situación, ya que su propio director, Augusto Rodríguez, ha sido blanco de amenazas que incluyen a su hija y otros altos funcionarios de la organización.
Estas amenazas no son solo palabras vacías. La triste realidad es que el país ha visto cómo líderes y lideresas son asesinados en su búsqueda por un mejor Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz, 1522 líderes y lideresas han perdido sus vidas, con 108 asesinados tan solo en lo que va del año 2023. Cada uno de estos asesinatos representa no solo una pérdida para sus comunidades, sino también un ataque directo a la posibilidad misma de un futuro mejor y más justo.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha hecho un llamado urgente a las autoridades a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e inmediatas sobre estas amenazas y actos violentos. La comunidad internacional también ha sido llamada a reforzar sus medidas de apoyo a la UNP y a aquellos que luchan incansablemente por los derechos humanos en Colombia.
Es evidente que Colombia enfrenta desafíos significativos en su camino hacia una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, también es claro que los líderes y lideresas que dedican sus vidas a esta causa son valientes y esenciales para el cambio. La lucha por la justicia no debe detenerse, a pesar de las amenazas y la violencia. Cada voz silenciada es un recordatorio de la urgente necesidad de un compromiso continuo por parte de la sociedad, el gobierno y la comunidad internacional para garantizar la seguridad y el respeto de aquellos que lideran el camino hacia un mejor mañana.
