Redacción: Disruptiva Radio
Fuente: roma.corriere.it
Fotografía: roma.corriere.it
En medio de un escándalo internacional, el presidente Gustavo Petro ha solicitado a la fiscalía colombiana que inicie una investigación sobre presuntos sobornos en la venta de equipos militares a Colombia. Según las declaraciones del presidente en su cuenta de Twitter, se estima que 80 millones de euros en sobornos se iban a distribuir por la compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del gobierno anterior.
La investigación italiana sobre este caso avanza rápidamente y el presidente Petro considera crucial que se realice una investigación en Colombia para esclarecer los hechos y determinar si hay responsables dentro del país. Petro ha expresado su preocupación por la gravedad de las acusaciones y su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Según las informaciones reveladas en Italia, el ex primer ministro Massimo D’Alema y Alessandro Profumo, ex CEO de la empresa de defensa italiana Leonardo, se encuentran entre los investigados por la venta de naves y aviones militares a Colombia. También se ha mencionado a Giuseppe Giordo, ex director general de Fincantieri, y a algunos intermediarios involucrados en la operación.
Las autoridades italianas señalan que los acusados habrían promovido la venta de productos de empresas italianas con participación estatal, como aeronaves M 346 de Leonardo y corbetas y submarinos de Fincantieri, por un valor total de más de 4 mil millones de euros. Supuestamente, se buscaba obtener la conclusión de acuerdos formales con las autoridades colombianas a cambio de sobornos.
Las investigaciones italianas indican que Francesco Amato y Emanuele Caruso, consultores en cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, actuaban como intermediarios para establecer contactos con Massimo D’Alema. Este último, debido a su experiencia en cargos internacionales, fungía como mediador informal entre las empresas italianas y los altos directivos colombianos. Los acusados presuntamente ofrecieron y prometieron un soborno ilícito de 40 millones de euros a otras personas como parte de la operación.
La fiscalía italiana ha realizado registros en las propiedades de los investigados en el marco de la investigación. La acusación se basa en la supuesta violación del artículo 322 bis del código penal italiano, que castiga el peculado, la corrupción y la inducción indebida a la corrupción, entre otros delitos.
Además de los nombres mencionados, también se ha involucrado en la investigación a Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucia Ramirez, ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de Colombia durante el gobierno del expresidente Duque, German Monroy Ramirez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado colombiano.
Según las investigaciones, se habría planeado distribuir la suma total de 80 millones de euros entre la “parte colombiana” y la “parte italiana”. Se menciona la participación de un estudio legal asociado con sede en Miami, Robert Allen Law, representado en Italia por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo, para la preparación y firma de contratos simulados y justificativos de la transacción financiera. Sin embargo, la formalización de los contratos se vio interrumpida debido a la falta de acuerdo sobre la distribución de la mencionada suma entre los individuos involucrados en la “parte italiana” y la “parte colombiana”.
Los abogados defensores de Giuseppe Giordo han manifestado su confianza en que su cliente demostrará su inocencia, calificando las acusaciones como una construcción jurídica audaz y cuestionando la competencia territorial de la fiscalía que lleva el caso. Asimismo, han expresado sorpresa por el hecho de que, a pesar del impacto mediático del caso, solo una fiscalía en todo el territorio nacional haya considerado que existen indicios de relevancia penal.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de estos hechos y ha destacado la importancia de que las autoridades colombianas realicen una investigación exhaustiva y transparente. La lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses del país son prioridades fundamentales para su gobierno.
La apertura de la investigación en Colombia permitirá recopilar pruebas, interrogar a los implicados y determinar si hay responsables en el país. La cooperación con las autoridades italianas será fundamental para avanzar en el caso y garantizar que se haga justicia.
Este escándalo de presuntos sobornos en la venta de equipos militares navales a Colombia ha generado gran controversia y ha puesto en entredicho la integridad de altos funcionarios tanto en Italia como en Colombia. La sociedad espera respuestas claras y contundentes, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse los delitos denunciados.
El presidente Gustavo Petro, consciente de la importancia de la transparencia en la gestión pública, ha dado un paso al frente al solicitar la investigación en Colombia. Ahora corresponde a las autoridades competentes realizar su labor con responsabilidad y diligencia, brindando confianza a los ciudadanos de que los casos de corrupción no quedarán impunes.
En un momento en el que el país enfrenta grandes desafíos, tanto internos como externos, es crucial que se fortalezcan los mecanismos de control y se promueva la ética en todos los niveles de gobierno. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y equitativa, en la que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos los colombianos.
