Redacción: Disruptiva Radio
Fuente: BBC News
Fotografía: Politécnico Grancolombiano, Departamento de Comunicaciones.
En una audiencia que se extendió por más de 12 horas y que fue transmitida en vivo, la jueza Carmen Helena Ortiz decidió denegar la solicitud de archivar el caso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, argumentando la ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al exmandatario. Sin embargo, la jueza determinó que existía una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal, rechazando así la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Esta decisión marca un hito en el proceso judicial contra Álvaro Uribe y podría tener importantes implicaciones políticas en el país. La defensa de Uribe tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que será el encargado de tomar la decisión final. Es importante destacar que este proceso se ha dilatado por varios años y se produce justo antes de las próximas elecciones presidenciales, en las cuales la derecha, a la que pertenece Uribe, se juega su permanencia en el poder.
El proceso en contra de Álvaro Uribe ha sido polémico y sorpresivo desde el principio. Uribe, habiendo ocupado el cargo de senador y presidente durante dos periodos entre 2002 y 2010, ha sido objeto de varias investigaciones y procesos penales a lo largo de su carrera política. Es importante destacar que, si bien ha enfrentado acusaciones, también ha sido absuelto en muchos de estos casos. Lo que resulta aún más sorprendente es que sea un juez, y no una alta corte, quien tenga la responsabilidad de determinar si Uribe es inocente o culpable, a pesar de que la misma Fiscalía esperaba que el caso no llegara a esa instancia.
El caso contra Uribe comenzó en septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, lo acusó durante un debate en el Congreso de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Cepeda presentó varios testimonios de antiguos paramilitares para respaldar sus acusaciones. Específicamente, señalaba a Uribe y a su hermano Santiago de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado que se enfrentó a las guerrillas durante décadas y dejó miles de civiles muertos.
En respuesta al debate en el Senado, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares para utilizarlos como falsos testigos en su contra. La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, tomando declaraciones tanto de Uribe como de Cepeda y de los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que implicaba los delitos de soborno y fraude procesal.
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los testigos clave es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá. Monsalve fue utilizado por el senador Cepeda para respaldar sus acusaciones contra Uribe.
En sus testimonios, Monsalve afirmó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron diversas matanzas que fueron ejecutadas por los grupos paramilitares. Sin embargo, posteriormente, Monsalve se retractó de sus afirmaciones en una carta, alegando que lo hizo bajo presión. Esto añade un elemento de controversia al caso, ya que se cuestiona la validez de sus declaraciones y la posible manipulación de los testigos.
En este punto, surge otro personaje relevante en el caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Varios testigos, incluido Monsalve, han afirmado que Cadena los presionó o incluso les ofreció dinero para modificar sus testimonios. Monsalve asegura tener una grabación que respalda esta acusación. Por su parte, Cadena ha admitido haber entregado pequeñas sumas de dinero a algunos de los presos, pero lo ha justificado como “ayuda humanitaria”.
El caso contra Álvaro Uribe ha generado un intenso debate en Colombia, dividiendo a la opinión pública y alimentando tensiones políticas. Sus seguidores argumentan que se trata de una persecución política y que el proceso judicial es una maniobra para dañar su reputación y desestabilizar a su partido, que actualmente se encuentra en el poder. Por otro lado, sus detractores sostienen que es necesario que se haga justicia y que se investiguen las acusaciones en su contra.
La decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz de denegar la solicitud de archivar el caso contra Uribe marca un paso importante en el proceso judicial. Aunque aún queda la posibilidad de apelación por parte de la defensa, la decisión final quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá. La resolución de este caso tendrá repercusiones no solo en la figura de Uribe, sino también en la estabilidad política del país, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Es importante destacar que, en un Estado de derecho, el principio fundamental es que todos los ciudadanos, sin importar su posición o influencia, están sujetos al imperio de la ley. El proceso judicial contra Álvaro Uribe busca determinar la verdad y establecer su responsabilidad o inocencia en relación con las acusaciones en su contra. La decisión final debe basarse en pruebas sólidas y en el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.
En conclusión, el caso contra el expresidente Álvaro Uribe ha dado un nuevo giro con la decisión de la jueza de denegar la solicitud de archivar el caso. Esta determinación representa un hito en el proceso judicial y tiene importantes implicaciones políticas en Colombia. El debate sobre la culpabilidad o inocencia de Uribe continúa y el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de tomar la decisión final. El resultado de este caso marcará un precedente en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia en el país.
